Hacer visible lo invisible

comunicaciondesarrolloÉstas fueron las apropiadas palabras de Rosa María Calaf en las jornadas de Periodismo Social celebradas hace unos meses en Madrid. Precisamente, éste debe ser el compromiso ético del periodista ante la sociedad: llegar donde otros no llegan, hablar de lo que nadie habla, mostrar una realidad la mayoría de las veces desconocida.

Éste fue uno de los temas que se trataron el miércoles pasado en el programa radiofónico “Hablemos de Derechos Humanos”, que realiza cada semana la Fundación Internacional Baltasar Garzón en colaboración con Uniradio Jaén. La comunicación para el desarrollo y el periodismo solidario y social fueron los ejes centrales de este programa. Para tratar acerca de ellos, tuvimos con nosotros a Juan de Sola, presidente de Agareso (Asociación Gallega de Reporteros Solidarios), y a Laura Ruiz, voluntaria de la asociación.

La comunicación para el desarrollo va más allá del compromiso del periodista o del periodismo ético. Se trata de un concepto que surgió en el siglo XX y, en un principio, se refería a las estrategias de comunicación que se comenzaron a utilizar para la mejora de la calidad de vida de los países del Tercer Mundo. Sin embargo, otro concepto más moderno y con enfoques mucho más participativos es el que incluye la ONU en su descripción: “el diálogo para el desarrollo y la necesidad de facilitar la participación y el empoderamiento de las personas pobres.”

Según Juan de Sola, la comunicación para el desarrollo “abarca muchas posibilidades. Por un lado, busca sensibilizar a los países ricos para que la presión social sobre determinadas situaciones del sur permita que se mantengan políticas de Cooperación Internacional”. Para él, la comunicación no sólo debe servir para hacer visible lo invisible, sino que debe ser un concepto que permite desarrollar y dotar de habilidades a personas, colectivos y sociedades con ciertos riesgos.

Agareso nace en 2008 y, desde entonces, ha llevado a cabo diversos proyectos, relacionados con la intervención en centros penitenciarios, atención a personas discapacitadas o ayuda humanitaria en el exterior.

En uno de estos proyectos se embarcó este verano Laura Ruiz, voluntaria de la asociación. Ella viajó hasta El Salvador para “la construcción de una radio comunitaria, un concepto mucho más desarrollado en Latinoamérica y del que deberíamos aprender”. Una cosa que le llamó mucho la atención de allí es su “sistema de organización asambleario y su conciencia de grupo, donde todos tienen algo que decir, donde todos cuentan y participan”. Se da, precisamente, una comunicación mucho más fluida y más igualitaria entre todos los estratos de la sociedad.

Desde la FIBGAR, creemos firmemente que la comunicación es poder. Por ello, tal y como explican Juan y Laura, debe convertirse en un elemento que permita el desarrollo y el empoderamiento, la obtención de las herramientas necesarias, a todos aquéllos que lo necesiten. A través de la comunicación, se pueden arreglar las cosas, y hacer justicia.

 

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Rescates durante el Holocausto: La valentía de preocuparse

hlocaust_rem_byndComo cada 27 de enero, desde 2005, hoy es el “Día Internacional de Conmemoración de las Víctimas del Holocausto”. En esta ocasión bajo el lema «Rescates durante el Holocausto: La valentía de preocuparse» la ONU rinde tributo a quienes arriesgaron sus vidas y la de sus familias para salvar a judíos, gitanos, homosexuales, comunistas, enfermos mentales y prisioneros de guerra de una muerte segura bajo el régimen nazi.

En esta ocasión, se nos invita reflexionar sobre las luces de tan sombrío acontecimiento, las acciones de los que “tuvieron el coraje de ayudar: las personas normales y corrientes que dieron pasos extraordinarios para defender la dignidad humana” y que “demuestran la capacidad de la humanidad para extraordinarios actos de bondad”.

Con la vista puesta en estos valientes, anónimos o reconocidos, y manteniendo el recuerdo de las víctimas trabajaremos para colaborar al objetivo de la Resolución 60/7 de la ONU que insta “a los Estados Miembros a que elaboren programas educativos que inculquen a las futuras generaciones las enseñanzas del Holocausto con el fin de ayudar a prevenir actos de genocidio en el futuro” y “rechaza toda negación, ya sea parcial o total, del Holocausto como hecho histórico”.

Desde la Fundación Internacional Baltasar Garzón prestamos atención a todo tipo de discriminación y a los crímenes de odio. Dentro de nuestro proyecto de formación en Derechos Humanos dedicamos al resurgimiento del Antisemitismo en Europaa los Crímenes de Odio y a la Evolución de los movimientos antisemitas dos jornadas en nuestros cursos de verano de Torres organizados junto con la Universidad de Jaén. En este mismo marco tuvimos la ocasión de presentar la conferencia: “Franquismo y Holocausto” de Eduardo Martín de Pozuelo Dauner periodista experto en este tema y asistir a la pronunciada por  Beatriz Garvia Peñuelas “Claves psicológicas del miedo a lo diferente y cómo este se convierte en xenofobia”.

Nuestro homenaje y recuerdo para las victimas del Holocausto y nuestro compromiso de trabajar para evitar futuros genocidios.

Son Derechos Humanos, no privilegios.

Existe la creencia errónea de que en los países con regímenes democráticos los Derechos Humanos están garantizados y que son los países con democracias inmaduras o dictaduras los que incumplen la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Para nuestra suerte y vergüenza Amnistía Internacional lleva años elaborando su informe anual sobre el estado de los Derechos Humanos en el mundo y en él, cada año, encontramos motivos de preocupación en todos los países.

Es cierto que los incumplimientos en algunos países afectan los Derechos Humanos de primer nivel (individuales y políticos) y, ante las atrocidades que se comenten, perdemos la perspectiva de la vulneración de los Derechos Humanos en nuestro entorno cercano, incluidos en los Derechos Humanos de segunda generación y entendidos como derechos sociales.

Quizás sea oportuno en estos momentos recordar el Artículo 25-1.

[pullquote] Artículo 25-1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.[/pullquote]

Recientemente se publicaba que durante el primer año de gobierno del Partido Popular, se produjeron un total de 36.000 manifestaciones y concentraciones. En los últimos meses las protestas se centraron en la privatización de la sanidad y en la entrada en vigor de las nuevas tasas universitarias.

Sumemos a estos hechos, la revisión de las pensiones, el euro por recetalas cifras de paro cerca de los 6 millones, la reforma laboral que se aplicarán a las nuevas regulaciones de empleo (anunciadas en el sector de la banca). ¿Es exagerado considerar que el cumplimiento del artículo 25 está comprometido?.

Tengamos presente el artículo 25-1  la próxima vez que nos planteen una medida de ahorro, recorte o racionalización. Estamos hablando de derechos, no de privilegios.

Justicia universal. ¿Justicia para todos?

justicia2No sólo es imprescindible promover el conocimiento y defensa de los Derechos Humanos, sino también tener las herramientas necesarias para encausar a los que cometen crímenes contra los derechos humanos.

La jurisdicción universal es la capacidad que tienen los tribunales de cualquier Estado de juzgar crímenes que no tienen ningún tipo de vinculación con éste; ni por razón del lugar en el que se ha cometido el crimen, ni por la nacionalidad de autor o víctima, ni porque el crimen afecte a los intereses nacionales del Estado que pretende juzgarlos.

Cuando el Estado directamente vinculado con el crimen, tanto por el principio de territorialidad como por el de nacionalidad,  no puede o no quiere investigarlo, es necesario que intervengan actores externos. Los tribunales internacionales, además de estar limitados en cuanto a los crímenes que pueden juzgar, no cuentan con los recursos necesarios para juzgar a todos los responsables de estos crímenes. Ello significa que muchos de ellos quedan impunes y las víctimas ven vulnerado su derecho a interponer recursos y obtener reparaciones. Por ello el principio de jurisdicción universal es de tal importancia. Es el único recurso que nos queda para impedir que determinados crímenes queden impunes.

Los Estados, en su obligación de promover el respeto universal y efectivo de los derechos y libertades humanos, deberían de aplicar el principio de jurisdicción universal ante crímenes que afectan a toda la comunidad internacional. Esto es lo que defendemos desde la Fundación Internacional Baltasar Garzón.

La jurisdicción universal es un instrumento ‘fundamental’ en la lucha contra la impunidad en unión con otros principios igualmente necesarios con la misma finalidad de “dar protección integral a las víctimas” y de que los crímenes masivos no se queden sin su castigo. Estas son las palabras de Baltasar Garzón, presidente de FIBGAR, fundación que tiene la promoción del principio de jurisdicción universal entre sus principales objetivos.

No existe, por ahora, una norma internacional general que obligue a los Estados a incorporar el principio de jurisdicción universal a sus leyes, y tampoco existe norma internacional general que lo prohíba. Por otra parte, el principio de justicia universal también se ha establecido en varias convenciones internacionales no relativas a los derechos humanos, como el “Convenio Tokio sobre infracciones y ciertos otros actos cometidos a bordo de las aeronaves”.  No es, por tanto, incompatible con otro tipo de delitos. Cada país decide si acepta o no este principio y, si lo hace, con qué especifidades.

 El principio de Justicia Universal se materializa en el ordenamiento jurídico español, a través del artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que fue modificado a través de la Ley Orgánica 1/2009. El citado artículo establece la posibilidad de aplicar el principio de jurisdicción universal a los hechos que pudieran ser constitutivos de los siguientes delitos:

  1. Genocidio y lesa humanidad.
  2. Terrorismo.
  3. Piratería y apoderamiento ilícito de aeronaves.
  4. Los delitos relativos a la prostitución y los de corrupción de menores o incapaces.
  5. Tráfico ilegal de drogas psicotrópicas, tóxicas y estupefacientes.
  6. Tráfico ilegal o inmigración clandestina de personas, sean o no trabajadores.
  7. Los relativos a la mutilación genital femenina, siempre que los responsables se encuentren en España.
  8. Cualquier otro que, según los tratados y convenios internacionales, en particular los Convenios de derecho internacional humanitario y de protección de los derechos humanos, deba ser perseguido en España.

La modificación a la que hemos aludido antes limita la Jurisdicción Universal al introducir los siguientes requisitos: “deberá quedar acreditado que sus presuntos responsables se encuentran en España o que existen víctimas de nacionalidad española, o constatarse algún vínculo de conexión relevante con España y, en todo caso, que en otro país competente o en el seno de un Tribunal internacional no se ha iniciado procedimiento que suponga una investigación y una persecución efectiva, en su caso, de tales hechos punibles.” Como podemos ver, España aplica este principio con alguna especificidad; limita los casos en que se puede activar este principio, tanto porque exige un mínimo de vinculación con el crimen como porque limita el tipo de crímenes de los que se puede conocer en base a este principio.

Esta modificación, antes de establecer los requisitos a los que hemos aludido antes, también indica que se dará “sin perjuicio de lo que pudieran disponer los tratados y convenios internacionales suscritos por España”. Ello implica que el delito de torturas y los crímenes de guerra, sí permiten ejercer jurisdicción universal en caso de no procederse a la extradición. Por lo tanto, el principio de jurisdicción universal sólo podrá ser aplicado en caso de que los tratados internacionales así lo dispongan.

Dicha modificación contó con el apoyo de los principales partidos con representación en el Congreso de los Diputados y generó fuertes críticas que se recogieron en el Manifiesto sobre la Reforma Legislativa sobre el ejercicio de la Justicia Universal al que se adhirieron casi un centenar de organizaciones no gubernamentales, sindicatos y formaciones políticas.

En el momento de esta reforma, cuatro magistrados de la Audiencia Nacional,  Fernando Andreu,Baltasar Garzón, Santiago Pedraz e Ismael Moreno, mantenían abiertas ocho causas de Jurisdicción Universal. Dos de ellas se archivaron tras la modificación: las relativas al bombardeo en Gaza denunciado por el Centro Palestino para los Derechos Humanos y la denuncia presentada por el Comité de Apoyo al Tíbet (CAT).

Así, teniendo en cuenta que muchos de los países en los que se cometen crímenes de gravedad no quieren o no pueden juzgarlos y que los tribunales penales internacionales están tan limitados tanto económicamente como a nivel de jurisdicción, el principio de jurisdicción universal cobra una gran importancia.