Justicia universal. ¿Justicia para todos?

justicia2No sólo es imprescindible promover el conocimiento y defensa de los Derechos Humanos, sino también tener las herramientas necesarias para encausar a los que cometen crímenes contra los derechos humanos.

La jurisdicción universal es la capacidad que tienen los tribunales de cualquier Estado de juzgar crímenes que no tienen ningún tipo de vinculación con éste; ni por razón del lugar en el que se ha cometido el crimen, ni por la nacionalidad de autor o víctima, ni porque el crimen afecte a los intereses nacionales del Estado que pretende juzgarlos.

Cuando el Estado directamente vinculado con el crimen, tanto por el principio de territorialidad como por el de nacionalidad,  no puede o no quiere investigarlo, es necesario que intervengan actores externos. Los tribunales internacionales, además de estar limitados en cuanto a los crímenes que pueden juzgar, no cuentan con los recursos necesarios para juzgar a todos los responsables de estos crímenes. Ello significa que muchos de ellos quedan impunes y las víctimas ven vulnerado su derecho a interponer recursos y obtener reparaciones. Por ello el principio de jurisdicción universal es de tal importancia. Es el único recurso que nos queda para impedir que determinados crímenes queden impunes.

Los Estados, en su obligación de promover el respeto universal y efectivo de los derechos y libertades humanos, deberían de aplicar el principio de jurisdicción universal ante crímenes que afectan a toda la comunidad internacional. Esto es lo que defendemos desde la Fundación Internacional Baltasar Garzón.

La jurisdicción universal es un instrumento ‘fundamental’ en la lucha contra la impunidad en unión con otros principios igualmente necesarios con la misma finalidad de “dar protección integral a las víctimas” y de que los crímenes masivos no se queden sin su castigo. Estas son las palabras de Baltasar Garzón, presidente de FIBGAR, fundación que tiene la promoción del principio de jurisdicción universal entre sus principales objetivos.

No existe, por ahora, una norma internacional general que obligue a los Estados a incorporar el principio de jurisdicción universal a sus leyes, y tampoco existe norma internacional general que lo prohíba. Por otra parte, el principio de justicia universal también se ha establecido en varias convenciones internacionales no relativas a los derechos humanos, como el “Convenio Tokio sobre infracciones y ciertos otros actos cometidos a bordo de las aeronaves”.  No es, por tanto, incompatible con otro tipo de delitos. Cada país decide si acepta o no este principio y, si lo hace, con qué especifidades.

 El principio de Justicia Universal se materializa en el ordenamiento jurídico español, a través del artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que fue modificado a través de la Ley Orgánica 1/2009. El citado artículo establece la posibilidad de aplicar el principio de jurisdicción universal a los hechos que pudieran ser constitutivos de los siguientes delitos:

  1. Genocidio y lesa humanidad.
  2. Terrorismo.
  3. Piratería y apoderamiento ilícito de aeronaves.
  4. Los delitos relativos a la prostitución y los de corrupción de menores o incapaces.
  5. Tráfico ilegal de drogas psicotrópicas, tóxicas y estupefacientes.
  6. Tráfico ilegal o inmigración clandestina de personas, sean o no trabajadores.
  7. Los relativos a la mutilación genital femenina, siempre que los responsables se encuentren en España.
  8. Cualquier otro que, según los tratados y convenios internacionales, en particular los Convenios de derecho internacional humanitario y de protección de los derechos humanos, deba ser perseguido en España.

La modificación a la que hemos aludido antes limita la Jurisdicción Universal al introducir los siguientes requisitos: “deberá quedar acreditado que sus presuntos responsables se encuentran en España o que existen víctimas de nacionalidad española, o constatarse algún vínculo de conexión relevante con España y, en todo caso, que en otro país competente o en el seno de un Tribunal internacional no se ha iniciado procedimiento que suponga una investigación y una persecución efectiva, en su caso, de tales hechos punibles.” Como podemos ver, España aplica este principio con alguna especificidad; limita los casos en que se puede activar este principio, tanto porque exige un mínimo de vinculación con el crimen como porque limita el tipo de crímenes de los que se puede conocer en base a este principio.

Esta modificación, antes de establecer los requisitos a los que hemos aludido antes, también indica que se dará “sin perjuicio de lo que pudieran disponer los tratados y convenios internacionales suscritos por España”. Ello implica que el delito de torturas y los crímenes de guerra, sí permiten ejercer jurisdicción universal en caso de no procederse a la extradición. Por lo tanto, el principio de jurisdicción universal sólo podrá ser aplicado en caso de que los tratados internacionales así lo dispongan.

Dicha modificación contó con el apoyo de los principales partidos con representación en el Congreso de los Diputados y generó fuertes críticas que se recogieron en el Manifiesto sobre la Reforma Legislativa sobre el ejercicio de la Justicia Universal al que se adhirieron casi un centenar de organizaciones no gubernamentales, sindicatos y formaciones políticas.

En el momento de esta reforma, cuatro magistrados de la Audiencia Nacional,  Fernando Andreu,Baltasar Garzón, Santiago Pedraz e Ismael Moreno, mantenían abiertas ocho causas de Jurisdicción Universal. Dos de ellas se archivaron tras la modificación: las relativas al bombardeo en Gaza denunciado por el Centro Palestino para los Derechos Humanos y la denuncia presentada por el Comité de Apoyo al Tíbet (CAT).

Así, teniendo en cuenta que muchos de los países en los que se cometen crímenes de gravedad no quieren o no pueden juzgarlos y que los tribunales penales internacionales están tan limitados tanto económicamente como a nivel de jurisdicción, el principio de jurisdicción universal cobra una gran importancia.

 

 

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