Los pueblos indígenas y el momento de inflexión

En estos días se celebra en la localidad colombiana de Kokonuko el XIV Congreso del CRIC (Consejo Regional Indígena del Cauca). Se trata de un evento democrático de los once pueblos ancestrales que existen en esta zona, en los cuales se eligen a los consejeros de cada comunidad y el representante legal de todos. Esta elección la hacen cada dos años, sin posibilidad de elección y siempre por consenso. Cualquier persona puede argumentar por qué la persona propuesta no debe ser consejero, y ante la mínima duda, se descarta la candidatura.

Un proceso que evita las mayorías impuestas, los conflictos dentro de la organización y las sorpresas postelectorales. Pero también un proceso que lleva muchas horas de negociación y debate. Por eso, aunque el Congreso dure del 16 al 20 de junio, hay posibilidades de que el Consejero Mayor no se designe hasta varios días después. Lo mismo que ocurre con las líneas consensuadas para el siguiente mandato, algo más importante casi que el propio representante del Cauca.

IMG_0243

Se trata de debatir qué hará la comunidad indígena desde el punto de vista de la educación, la salud, el territorio, la organización y un largo etcétera que componen hasta once comisiones. Entorno a ellas se reúnen varios días cientos de personas que hacen propuestas de acción, para terminar un relatorio que recoge lo hablado y se aprueba o no en plenario. Y todo apunta a que estas comisiones serán más largas que de lo habitual, ya que tratarán varias claves que pueden suponer un punto de inflexión en el futuro indígena.

Se trata de la postura que este pueblo toma ante las negociaciones de paz de La Habana entre el Gobierno colombiano y la guerrilla. Esta comunidad lleva reclamando la paz desde que en los noventa se dio cuenta de que por las armas no se consigue nada, por lo que ven bien cualquier paso adelante en la desmovilización de los grupos armados. Pero, las condiciones de paz en cuanto a la tierra sienten que no se les tiene en cuenta y que incluso podrían salir perjudicados de este acuerdo.

IMG_0199

Se ha llegado a proponer las reservas indígenas como la solución, algo que no todos los consejero ven con buenos ojos. Lo mismo que la propuesta de las FARC de iniciar un proceso constituyente que lleve a crear una nueva Constitución en el país. Algo con lo que se puede ganar mucho pero también perder, por lo que muchos apoyan la idea del plebiscito o el referendo para modificar lo necesario respecto a los acuerdos de paz.

Pero sin duda, una de las cuestiones que más tensión está generando en el CRIC responde a un posicionamiento que sólo compite a los indígenas: la participación en política. ¿Deben elegir candidatos para participar en el Senado? ¿Estar en la cámara les asegura ser escuchados? ¿Serán utilizados por otros partidos? Y lo que más les preocupa: ¿la forma de elección será votación o consenso? Esto es vital en el movimiento ya que una decisión errónea puede llegar a la fractura de la unión.

IMG_0176

Anuncios

Crímenes financieros, crímenes de lesa humanidad.

Imagen 2A poco más de un mes de embarcarnos en la 8º edición de los Cursos de Verano Torres no podemos ocultar nuestro entusiasmo ante una nueva semana dedicada a la reflexión, el debate y por qué no también a la charla distendida y el descanso en un entorno privilegiado.

Tras un invierno en el que la información diaria estaba cargada de palabras como: “Preferentes”, “Clausulas abusivas” “Procesos de arbitraje”, “Bancos nacionalizados”, “Desahucios”, “Deuda”, “Prima de riesgo”, “FMI” o “BCE”, nos vendrá bien dedicarles dos jornadas los abusos de las instituciones financieras y de los “Mercados” y responder a la pregunta ¿Son los crímenes económicos y financieros nuevos crímenes de Lesa Humanidad?. En nuestra opinión si los son ¿Acaso no estamos ante un “ataque generalizado o sistemático contra una población civil”?

También le dedicaremos dos jornadas a la relación entre Crisis económica e inmigración y trataremos de saber en qué medida esto contribuye a la emergencia de la xenofobia, un tema ya tratado el año pasado, en la mesa redonda “Crisis económica e inmigración. Una justificación de la xenofobia” que podéis ver en nuestro canal Youtube.

curso1Una vez más contaremos con la presencia de Esteban Ibarra dirigiendo este curso que incluirá una serie de talleres sobre “Xenofobia e Intolerancia en el discurso público y privado.” Tema en torno al cual organizamos un “Concurso de microcortos, vídeos de 5 minutos en los que esperamos que plasméis vuestras opiniones y/o emociones en relación con estos cuatro temas: “Tolerancia y no discriminación”, “Contra el discurso del odio en Internet”, “Crímenes de odio” o “Racismo y xenofobia en el mundo del ocio”.

Con la consulta soberanista catalana de fondo se celebra el curso “Repensar el estado autonómico: ¿El federalismo como solución de futuro? en el que se discutirán las claves para fijar los límites a la descentralización del Estado partiendo de la tesis de la necesidad de un cambio.

Consultad nuestro programa, mirad las sesiones de la 7º edición de los cursos de verano en Torres y animaros a venir. ¡Os esperamos a todos!

La pena de muerte no es justicia, es tortura.

rubon21-cbd39El artículo 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice Nadie será sometido a tortura ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes”, desde la Fibgar sostenemos que la Pena de Muerte supone una violación evidente de este artículo, como también lo recoge el informe de 2012 del relator especial de la ONU sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Juan Méndez, que propuso sobre esta base la abolición mundial de la pena de muerte, una vez más.

Durante esta semana, se celebra en Madrid, el 5º Congreso Mundial contra la Pena de Muerte. Esta iniciativa de Ensemble contre la peine de mort”, en colaboración con la Coalición Mundial contra la Pena de Muerte comenzó con un primer congreso en Estrasburgo en 2001, al que siguieron, Montreal en 2004, París en 2007 y Ginebra en 2010.

Aprovechando la celebración en Madrid del Congreso no sólo asistiremos a todas las mesas redondas y aprenderemos de los mejores todo lo necesario para seguir con nuestro trabajo, sino que estaremos presentes con un stand, de esta manera nos ponemos a vuestra disposición para explicaros todos nuestros proyectos, nuestra breve historia y nuestros grandes objetivos, para lo que estamos dando los primeros pasos.

En esta edición las ponencias y contenidos estarán enfocados hacia el mundo árabe y africano, en el contexto actual relacionado con la “Primavera árabe” y de la perspectiva de cambio que ésta conlleva. Pero también tendremos ocasión de conocer la situación de la abolición de la pena de muerte en otras zonas como: Asia, Bielorrusia y Rusia o Estados Unidos.

Podremos escuchar a expertos árabes sobre ¿Qué argumentos a favor de la abolición desde un punto de vista sociológico, religioso y jurídico?, El uso de la pena de muerte y las consecuencias de las ejecuciones públicas sobre la población. Desde un punto de vista jurídico conoceremos de primera mano las aportaciones de los ponentes del ámbito jurídico sobre “Estrategia jurídica y diplomática para los extranjeros condenados a muerte”, “Evolución de la penalidad en el mundo abolicionista”, “Cómo utilizar el argumento de la inocencia y del error judicial en las estrategias e identificar los medios para no penalizar el trabajo de los abogados” y asistiremos a la presentación de un nuevo “manual destinado a los abogados que defienden a personas condenadas a muerte”. Se analizarán cómo algunos delitos interfieren en la consecución de la abolición de la Pena de Muerte, en mesas redondas como: “Narcotráfico y pena de muerte: Luchar contra el narcotráfico sin financiar a los Estados que ejecutan” o “Terrorismo y abolición”. La programación de este Congreso aportará muchas respuestas y lo que es más importante nos permitirá hacer mejores preguntas en la siguiente edición que se centrará en la zona de El Caribe.

Que se celebre una 5º edición del Congreso es una buena y una mala noticia al mismo tiempo. Buena porque supone que el interés, el compromiso y la voluntad de acabar con la pena de muerte no decae sino que crece, pero al mismo tiempo supone una señal de que el objetivo de la abolición mundial de la Pena de Muerte no será rápido y supone que año tras años pese a los avance conseguidos se sigue infligiendo este tipo de trato cruel, inhumano y degradante a miles de personas, según los datos de Amnistía Internacional.

carte_pdm_80-60-280213-10d55-1c7fbActualmente, 58 estados mantienen la pena de muerte entre ellos Estados Unidos y Japón, dos estados democráticos. Frente a esta cifra, crece la estados que han abolido la Pena de Muerte, 97 para todos los crímenes, 8 para crímenes de derecho común y 35 estados respetan una moratoria sobre las ejecuciones desde hace al menos diez años.

Aunque los datos son decepcionantes, hay que reconocer pequeños motivos para la esperanza, el número de condenas a muerte disminuye en los últimos dos años: de las 2.024 durante el año 2010, se pasó a las 1.923 condenas durante el 2011. Y cada año, nuevos países deciden abolir la Pena de Muerte, en los últimos dos años: Mongolia, Letonia, Honduras y República dominicana, así los estados de Illinois y Connecticut (USA). 

Leyes de víctimas. Juzgar a los culpables, resarcir a las víctimas

Dentro del proceso de hacer justicia, no basta con juzgar a los culpables, es necesario reconocer, restituir, rehabilitar, indemnizar, satisfacer y garantizar la seguridad futura de las víctimas. Bajo esa premisa se articulan y desarrollan las leyes Generales de Víctimas que se están elaborando y aprobando en países como Colombia o México; poniendo el foco en la salvaguarda de los Derechos Humanos en entornos de alta criminalidad y, lamentablemente, elevados índices de impunidad.

La Fundación Internacional Baltasar Garzón ha participado en la elaboración de la Ley de Atención y Reparación a las víctimas de delitos y violaciones a los Derechos Humanos para el Estado de Morelos (México), que sería el primero en contar con una Ley de Víctimas; si el texto propuesto consigue la aprobación de la Comisión Legislativa que analiza su armonización con la Ley General de Víctimas que se aplica a nivel federal.

Desde Fibgar se realizó un amplio análisis de la normativa nacional e internacional relacionada con los derechos de las víctimas. Entre otras muchas, se estudio la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y Abusos de Poder, la resolución 60/147 de la Asamblea General de Naciones Unidas Y la decisión estableciendo los principios y procedimientos a aplicar en reparaciones del Caso Lubanga de la Corte Penal Internacional.

Así mismo se analizó la situación específica del Estado de Morelos en cuanto a criminalidad, estudiando los datos incluídos en el Reporte de Incidencia Delictiva del Fuero Común elaborado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el el Informe “Violencia Feminicida en Morelos” entre otros.

Las conclusiones de los estudios mencionados sirvieron para fijar los criterios y principios en los que se basa el articulado que se propuso al Gobierno de Morelos. Organizado en 11 capítulos agrupa la materia referida a los derechos de las víctimas en los siguientes apartados

  • Título segundo. De los derechos de las víctimas a la ayuda, asistencia y atención.
  • Título tercero. De las medidas de asistencia y atención tendentes a restablecer a la víctima en el ejercicio de sus derechos, y a promover la superación de su condición
  • Título cuarto. Del acceso a la justicia.
  • Título quinto. Del derecho a la verdad.
  • Título sexto. Del derecho a la reparación integral.
    • De las medidas de restitución
    • De las medidas de indemnización o compensación
    • Las garantías de no repetición
  • Título séptimo. Del Sistema Nacional de Atención a Víctimas
  • Título octavo, Del fondo de ayuda, asistencia y reparación del Estado de Morelos.
  • Título noveno, De la capacitación, formación, actualización y especialización.
  • Título décimo, De la asesoría jurídica estatal de atención a víctimas.

Aunque todas las víctimas son iguales en cuanto a su derecho al reconocimiento de su condición y a ser resarcidas por los daños sufridos, cabe destacar la condición de especial vulnerabilidad de las mujeres a la vista de la cifra de delitos sexuales denunciados en 2012 que ascendió a 414 y las cifras de feminicidios registrados en los últimos seis años que alcanzan los 235.

El proyecto de Ley de Victimas de Morelos es el primer paso del camino a una sociedad más justa y consciente de los derechos de los ciudadanos, estamos orgullosos de haber contribuido a este primer paso y esperamos acompañar en este camino a todos los que decidan emprenderlo.