Por el derecho a una vivienda digna

stop-desahucioscasa-5-3-e1290876216325El derecho a la vivienda es un derecho humano que aparece así reflejado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, un escrito que llevó a cabo las Naciones Unidas en 1966. En España también tenemos otro documento de suma importancia en el que se refleja este derecho. Hablamos de la base sobre la que sustenta nuestra sociedad: la Constitución. 

El artículo 47 de nuestra Carta Magna dice exactamente los siguiente:

“Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. 

La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos.” 

Leído este artículo, tan importante para todos los ciudadanos españoles, nos asaltan dudas sobre la terrible situación que viven en España cientos de familias desahuciadas de sus casas. Todo esta imagen hay que situarla en uno de los peores momentos económicos de nuestra historia, en el cual el paro sobrepasa el 25%.

Las personas que viven un desahucio se asemeja a esta imagen: padres en paro que, debido a las circunstancias excepcionales del momento, no pueden pagar una hipoteca. Una hipoteca concedida por entidades bancarias. La mismas que originaron la crisis económica actual.

Por suerte comienza a verse la luz en este largo y oscuro túnel en el que están aquellas personas pendientes de ser desahuciadas. Esta mañana nos hemos levantado con la grata noticia de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha pospuesto un desalojo previsto para hoy en la población de Salt (Girona), donde viven 16 familias, entre ellos 21 niños.

Y ayer otra noticia daba esperanza a otras tantas familias. En Huelva se expropió una vivienda para evitar -durante tres años- el desahucio de sus inquilinos. Una expropiación que deja al descubierto las acciones y métodos de los ‘bancos a la sombra’. El Estatuto de Autonomía para Andalucía reconoce en su artículo 25 “la obligación de los poderes públicos de favorecer el acceso en condiciones de igualdad a una vivienda digna y adecuada, estableciendo las medidas necesarias a tal fin”.

Desde FIBGAR queremos recordar la situación que se está viviendo también en la Cañada Real Galiana (la cual vive desalojos forzosos, no avisados y derrumbes de hogares) dejando a todas las víctimas sin hogar ni techo. Esta tesitura no puede continuar así. Ni para la Cañada ni para el resto de familias pendientes de ser desahuciadas. Por el derecho a una vivienda digna.  

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