España y el derecho a la verdad

desaparecidosEn la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas (ratificada por España el 24 de septiembre de 2009. En vigor desde el 23 diciembre de 2010), el derecho a la verdad y la reparación de las víctimas ocupan un lugar destacado. El artículo 24 reconoce a la víctima o sus familiares el derecho a conocer la verdad sobre las circunstancias de la desaparición forzada, la evolución y resultados de la investigación y la suerte de la persona desaparecida. Por consiguiente, los Estados deben adoptar las medidas apropiadas para la búsqueda, localización y liberación de las personas desaparecidas y, en caso de fallecimiento, para la búsqueda, el respeto y la restitución de sus restos. Además, los Estados se han comprometido a velar por que su sistema legal garantice a las víctimas el derecho a una reparación adecuada; ese derecho a la reparación comprende, entre otras cosas, medidas de satisfacción, incluyendo el restablecimiento de la dignidad y reputación de la víctima, y garantías de no repetición.

Mientras la desaparición no haya cesado, o no se haya esclarecido la suerte de la víctima y el paradero de sus restos, subsisten las obligaciones asumidas por los Estados en el marco de la Convención. Si bien el artículo 35 de la Convención dispone que la competencia del Comité sólo se extiende a las desapariciones forzadas que se hayan iniciado con posterioridad a la fecha de entrada en vigor de la Convención, es evidente que la competencia del Comité no puede excluir la consideración de desapariciones que no hayan concluido; de lo contrario, se estaría dando a esta disposición una interpretación incompatible con el objeto y fin de la Convención que, según su preámbulo, no es otra cosa que prevenir las desapariciones forzadas, luchar contra la impunidad en lo que respecta al delito de desaparición forzada, garantizar el derecho de las víctimas a la justicia y a la reparación, y el derecho a conocer la verdad sobre las circunstancias de una desaparición forzada y la suerte de la persona desaparecida, así como el respeto del derecho a la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones con este propósito.

El derecho a la verdad y la obligación de reparar son independientes del momento en que haya iniciado la desaparición, bastando que ésta no haya cesado y que no se hayan esclarecido las circunstancias de la misma. Mientras la víctima no haya sido liberada o, en caso de fallecimiento, no hayan aparecido sus restos y no hayan sido restituidos a su familia, subsiste la obligación del Estado de investigar con seriedad, de garantizar el derecho a la verdad, y de ofrecer a las víctimas y a la sociedad una reparación adecuada.

El Estado español ha mostrado su solidaridad y ha reconfortado a las víctimas del terrorismo de ETA; paradójicamente, ese mismo Estado se ha negado a reconocer el dolor de las víctimas del terrorismo de Estado, impulsado desde la dictadura franquista. Mientras unos victimarios se han beneficiado con una ley de amnistía, otros son severamente castigados; mientras a unas víctimas del terrorismo se les otorga todo el apoyo del Estado, a las otras se les niega la justicia, la verdad y la reparación.

*Por Carlota Lerett O’Neill. Hija del Capitán Virgilio Leret Ruíz, Jefe de las Fuerzas Aéreas de la zona oriental del Marruecos español, fusilado por resistirse al alzamiento militar el 17 de julio de 1936 o en la madrugada del 18 de julio de 1936.

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