Un atisbo de luz en las Naciones Unidas

El Comité contra la Desaparición Forzada ha  exhortado a España “a que asegure que todas las desapariciones forzadas sean investigadas de manera exhaustiva e imparcial, independientemente del tiempo transcurrido desde el inicio de las mismas”. Ello ha dado un ápice de esperanza a las víctimas de las desapariciones forzadas ocurridas durante la guerra civil y el franquismo, después de que éstas vieran su derrota ante las últimas decisiones del Tribunal Supremo.

Forges-memoria

El Comité ha reafirmado la superioridad del derecho internacional sobre el derecho interno de los Estados. En particular, no sólo ha puesto de manifiesto la existencia de legislación contraria a la Convención contra la Desaparición Forzada, sino también decisiones políticas y judiciales al respecto. En palabras del Comité, “el marco normativo en vigor en el Estado parte para prevenir y sancionar las desapariciones forzadas así como algunas decisiones adoptadas en la materia no estarían en plena conformidad con las obligaciones que la Convención impone a los Estado que la han ratificado.”

Desde el inicio de este proceso, FIBGAR, dentro de su lucha contra la impunidad y el reconocimiento al derecho a la verdad, la justicia y la reparación, transmitió sus preocupaciones al Comité. FIBGAR hizo especial hincapié en la total situación de desamparo en la que España había dejado a las víctimas de crímenes contra la humanidad que sufrieron desaparición forzada de personas durante la guerra civil y el franquismo. Tanto las decisiones del Tribunal Supremo de no investigar estas desapariciones forzadas como la inactividad del gobierno en la búsqueda de personas desaparecidas y en especial de niños y niñas, son completamente contrarias a esta Convención. España debe ser consciente de la gravedad de los crímenes de derecho internacional, del sufrimiento de las víctimas y de la necesidad de que éstas vean satisfecho su derecho a un recurso efectivo y a obtener reparaciones. Las obligaciones internacionales no son únicamente para terceros Estados, sino que también deben ser respetados por España. Sin embargo, durante la 5ª sesión del Comité España negó absolutamente y con total desprecio a las víctimas la necesidad de que éstas reciban siquiera la mínima atención. Se ignora que el pasado sigue estando presente y que su olvido puede llevar a su repetición.

FIBGAR, en el informe complementario al presentado por España sobre el grado de cumplimiento de la Convención, expresó, entre otras, la necesidad de que España incluyera en su informe las medidas legislativas o de cualquier otra índole que había tomado en cuanto  a las desapariciones forzadas ocurridas durante el franquismo. A preguntas del Comité sobre estas medidas, España respondió con total indignación y reticencia, manifestando finalmente su creencia errónea de que el Comité no tenía nada que ver con estas desapariciones.

Las observaciones finales del Comité son una oportunidad para que España aproveche el proceso de reforma de su Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal, así como la elaboración del Estatuto jurídico de la víctima del delito, para acoger las recomendaciones del Comité y adaptar su legislación al derecho internacional de los derechos humanos. Es momento de cambio, España debe mejorar su legislación en su sentido más progresista y garantista de los Derechos Humanos y no retroceder o estancarse en el tiempo, como ocurre en la actualidad. El mundo globalizado también significa un ordenamiento jurídico globalizado, sobre todo cuando hablamos de crímenes de derecho internacional: su definición de acuerdo con las convenciones internacionales aplicables, la obligación erga omnes de investigarlos, y en consecuencia, su imprescriptibilidad y no aplicación de leyes de amnistía.

FIBGAR continuará agotando todos los recursos disponibles, ante las esferas nacionales e internacionales, para que los derechos de aquéllos que tanto tiempo se están haciendo escuchar sean reconocidos. Para que se imparta justicia, la verdad salga a la luz y para que las víctimas de violaciones graves de Derechos Humanos reciban una reparación adecuada, efectiva y rápida del daño sufrido.

Por Arantxa Geijo. Abogada y colaboradora legal de FIBGAR

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