En la Cañada Real cada día se lucha por los derechos humanos

Desde hace meses colaboramos y apoyamos la iniciativa de Colectivo Soleares para realizar un estudio sobre la vulneración de los derechos humanos en la Cañada Real Galiana. En los últimos meses nos hemos acercado a la realidad de los vecinos de la Cañada Real a los que se les aplica de manera inexorable la ley y que encuentran poco o ningún apoyo social a su vulnerable situación.

En la últimos días hemos leído un par de noticias que nos han puesto a pensar, más si cabe, en la situación de la Cañada “Vía libre para que la Comunidad legalice la situación de los 7.700 censados en la Cañada Real” y “El constitucional avala la segunda demolición de una vivienda en la cañada real”, uno y otra no hacen más que justificar nuestro interés en poner el foco en este tema y darle voz justo a los que menos se escucha.

La comunidad de Madrid está muy interesada en dar solución a este problema como siempre con un plan urbanístico, que no está claro que tenga como objeto más que rentabilizar un suelo que hasta hace poco tiempo era de dominio público, el reconocimiento del derechos de propiedad no garantiza la resolución del problemas sociales que existen en la Cañada Real. De hecho, al limitarse exactamente al terreno de la Cañada Real deja fuera de este proyecto viviendas cercanas a la incineradora de Vademingomez y el asentamiento llamado el Gallinero, lo que evidencia que no es un proyecto para solucionar el problema de fondo.

Por otra parte, el Tribunal Constitucional ha denegado el amparo a un ciudadano que denunció al Ayuntamiento de Madrid tras haber derribado dos veces su vivienda, la primera vez en 2007, y posteriormente en 2011, el denunciante argumentaba que se vulneraba su derecho a la inviolabilidad del domicilio. El Tribunal dictó esta sentencia con el voto particular discrepante de la vicepresidenta, Adela Asúa, y del magistrado Fernando Valdés, que consideraron que debió concederse el amparo, además de dejar por escrito que se está produciendo “un giro (negativo) en nuestra jurisprudencia en materia de derechos fundamentales”.

A la vista de la distancia entre el proyecto de la Comunidad de Madrid y la realidad social de la Cañada y las resoluciones de los tribunales a este respecto, no nos queda más que seguir en la brecha. Este es nuestro proyecto, no más desalojos forzosos.

Si quieres ayudarnos en la iniciativa, estamos pidiendo apoyos con un crowdfunding

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