Reclamar lo obvio

Por Francesc La Roca.

El 22 de marzo de 2014, Día Mundial del Agua, hay algo especial que celebrar en Europa: la llegada a las instituciones europeas del debate sobre la Iniciativa Ciudadana Europea (ICE Right2water) por el reconocimiento efectivo del derecho humano al agua. Esta iniciativa es un motivo de celebración por dos razones. Por un lado, porque inaugura una nueva vía de ejercicio democrático en la UE y, por otro, por canalizar la preocupación de los ciudadanos europeos (1.88 millones de firmas) ante el asalto neoliberal al bien común, básico e insustituible que es el agua. 

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¿Pero cómo es que hay que regular ahora el derecho al agua? ¿No estaba ya reconocido? Aunque parezca sorprendente, si hoy se lucha por esta causa es porque el ejercicio del derecho humano al agua y el saneamiento –reconocido formalmente por Naciones Unidas tan solo en 2010- no está garantizado.

Estamos acostumbrados a ver imágenes de los colectores a cielo abierto en los barrios de chabolas de las grandes ciudades del Sur; nuestra retina se ha acomodado a ver a los pobladores rurales de esas mismas latitudes acarreando agua o acercándose al borde de charcas de dudoso color (las imágenes no transmiten olor ni sabor). Sabemos que buena parte de las enfermedades infecciosas y de las muertes, especialmente de niños menores de cinco años (1.5 millones/año según la OMS), están relacionadas con la contaminación de las aguas.

Sin embargo, estamos menos acostumbrados a relacionar estos fenómenos que nos transmiten los medios de (in)formación de masas con nuestros actos cotidianos de consumo. Nos cuesta ver que tras el café (o el cacao o el té) mañanero hay importantes transformaciones, en los países productores, que han desestructurado las economías campesinas para orientarlas hacia la exportación, despojando en muchas ocasiones a las poblaciones indígenas de sus tierras de cultivo tradicionales y acaparando el agua para el riego o los procesos postcosecha. Nos cuesta ver que detrás de los artilugios informáticos de nuestra sociedad “virtual” hay una pesada carga de contaminación de los acuíferos y las aguas superficiales de los distritos mineros, con sustancias tan tóxicas como el mercurio o el arsénico; por no hablar del impacto de la extracción de hidrocarburos. ¿Dónde queda el derecho humano al agua?

¿Y en la civilizada Unión Europea? ¿Es posible que haya que proteger un derecho tan elemental como el del acceso al agua potable y el saneamiento? La situación aquí es evidentemente muy diferente. La sociedad europea ha acumulado un conjunto de redes de infraestructuras de abastecimiento y saneamiento, que -a pesar de ser incompletas y no siempre adecuadas al entorno y al problema abordado-, cubren la mayor parte del territorio y dan servicio a una proporción de población, variable según los países, pero sin duda elevada.

A lo largo del siglo XIX, con el fin de resolver los problemas de higiene asociados al crecimiento de las ciudades, se universalizan los servicios del agua urbana de la mano del sector público, único agente capaz de abordar la magnitud de la inversión y el largo periodo de retorno de la misma, ante una población de escasa solvencia económica. Las empresas privadas del agua cuyo negocio se limitaba a atender la demanda de los grupos sociales pudientes, empiezan a operar como concesionarias del estado.

A partir de la década de 1980, el asalto neoliberal al estado alcanza también este sector tan fundamental para la existencia humana. Las empresas de abastecimiento de agua, presionan a los gobiernos –aquí y en el resto del mundo- para adecuar el marco normativo a sus aspiraciones de negocio. En síntesis, para transformar a los ciudadanos en clientes, restringiendo el acceso al agua a la demanda solvente.

Al lento trabajo ideológico de definir primero el agua como una mercancía (Declaración de Dublín, 1994) y legitimar, luego, la privatización por una pretendida mayor eficiencia del mercado (frente a la gestión pública) -obviando que los servicios del agua  se ofrecen en régimen de monopolio- o aludiendo al know-how de las empresas privadas -adquirido en buena medida con financiación pública-, se impone al fin la evidencia de las consecuencias de la privatización y se inician movimientos de rescate y defensa del servicio público del agua (en París, Berlín o Cochabamba).

Los movimientos sociales que han impulsado en todo el mundo el reconocimiento del derecho humano al agua potable y el saneamiento, defienden el carácter de bien público del agua, rechazan su mercantilización y reclaman a los gobernantes que garanticen y proporcionen a todos los ciudadanos servicios de agua potable y saneamiento convenientes.

La garantía que se reclama exige un cambio más profundo, capaz de superar la visión tradicional del agua -como un recurso que se extrae del medio, se almacena y se distribuye a voluntad- y evolucionar hacia una política del agua basada en la gestión de los ecosistemas acuáticos. Esto exige también –especialmente en los territorios más áridos- reconocer el carácter limitado y frágil del agua y establecer los acuerdos institucionales necesarios para garantizar, de manera prioritaria, el acceso universal al agua potable de calidad.

En este sentido habrá que estar muy atentos a las intenciones del gobierno español de privatizar de facto, no ya la gestión de los abastecimientos, sino la llamada agua en alta, es decir los ríos y acuíferos. Las reiteradas referencias gubernamentales a un modelo de gestión, inspirado en Red Eléctrica Española o en Adif, basado en una red de interconexión y transporte de agua entre las cuencas, apuntan en esa dirección y se complementa con la transformación de los actuales títulos concesionales en títulos negociables, desvinculados de la finalidad que justificó su concesión –gratuita- a los usuarios. En definitiva, la expropiación de un bien común básico y la amenaza al ejercicio pleno del derecho humano al acceso al agua potable. Las instituciones europeas tienen ahora la palabra y, los ciudadanos, la posibilidad de exigir a sus representantes el cumplimiento de su compromiso con los derechos humanos.

Francesc La Roca es doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Valencia, especializado en los proyectos europeos relacionados con los aspectos socioeconómicos de la gestión hídrica y con la gestión ambiental en la industria.

La Roca ha participado en el programa de radio “Hablemos de Derechos Humanos”, puedes escuchar su intervención aquí:   http://uniradio.ujaen.es/programas/hablemos-de-derechos-humanos/podcast 

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