Un ley integral de trata, la asignatura pendiente del Estado español

foto elenaElena Laporta, abogada y consultora de derechos humanos. Coordinadora de la sección Derechos de las mujeres en Feminicidio.net

Hoy celebramos el Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas. Hoy, más que nunca, debemos hacer autocrítica y preguntarnos, o mejor dicho preguntar al Estado español, por qué la trata de personas sigue sin ser una prioridad, a pesar de que estamos ante una vulneración gravísima de los Derechos Humanos más básicos.

En España contamos básicamente con cuatro instrumentos vigentes. El Código Penal, que en su artículo 177 bis tipifica la trata de personas, la llamada “ley de extranjería” que en su artículo 59 bis incluye una serie de medidas que “pretenden” (y no consiguen) proteger a las personas extranjeras que sean víctimas de la trata, un Plan Integral contra la Trata con fines de Explotación Sexual cuya duración estaba prevista hasta el 2012, y un Protocolo Marco de Protección de las víctimas de trata.

Futbol_yprostitucion_4_0Dicho esto, España ha firmado y ratificado diversos instrumentos internacionales de vital importancia. Por citar algunos de los más importantes, el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente de mujeres y niños (Protocolo de Palermo) aprobado por Naciones Unidas en el año 2000 o el Convenio número 197 del Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata de personas. De particular relevancia es la Directiva 2011/36 de la Unión Europea relativa a la Prevención y lucha contra la trata de seres humanos y la protección de las víctimas, pendiente de trasposición por España desde, nada más y nada menos, el 6 de abril de 2013.

De todos los tipos de trata que existen, podemos decir, sin riesgo a equivocarnos, que es la trata de personas con fines de explotación sexual la más visible y la que ha recibido mayor atención. Y sin embargo también su regulación es insuficiente.Hace apenas unos días se presentaba a los medios de comunicación un informe sombra que un nutrido grupo de organizaciones de mujeres que conforman la Plataforma CEDAW Sombra España (Feminicidio.net ha participado en equipo de redacción y FIBGAR se encuentra entre las organizaciones firmantes), presentará ante el Comité para la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer, órgano que supervisa el cumplimiento de la Convención para la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer por los Estados partes. Este informe paralelo contrasta con “las bondades” del informe que el Estado español ha presentado ante este organismo en septiembre de 2013 sobre las medidas adoptadas para hacer efectivas las disposición de la Convención.

El informe sombra afirma con rotundidad que no existe “un abordaje coherente e integral de lucha contra la trata de personas”. Critica que no se haya aprobado una ley integral que incluya todas las formas de trata y que no se haya traspuesto la citada Directiva. Es más, lo que demandan muchas organizaciones expertas en la materia es que esa trasposición debería hacerse mediante la aprobación de una ley integral que pivote sobre tres elementos fundamentales: la identificación de las víctimas, clave para su visibilización, la protección efectiva de las personas sobrevivientes y la reparación del daño sufrido por éstas siempre desde una perspectiva de género y de derechos humanos.

A todo ello se añade que, al margen de la letra de las leyes y políticas públicas, y tal como nos recuerda el informe, en la trata con fines de explotación sexual: 1) no existe una efectiva incorporación de la perspectiva de género y de derechos humanos; 2) se aborda la trata desde un enfoque de política migratoria y de seguridad del Estado; 3) no se toman medidas que eviten la revictimización de mujeres y niñas víctimas de trata con fines de explotación sexual; 4) no hay un reconocimiento específico del estatuto formal de víctima; 5) no hay una protección integral y adecuada a las sobrevivientes; 6) no existen medidas suficientes que garanticen específicamente los derechos y la protección de las menores de edad.

la_trata_de_personas_A4Tampoco podemos olvidar que la trata con fines de explotación sexual de mujeres y niñas es una forma de violencia de género, y sin embargo no es considerada como tal en informes y estadísticas. Este panorama se agrava al constatar que, no sólo no existe una legislación coherente e integral, sino que además se toman decisiones legislativas que dificultan aún más la persecución del delito. Como nos recuerda el informe: “la reforma de la justicia universal limita sustancialmente la investigación y persecución de delitos internacionales relacionados con vulneraciones de Derechos Humanos, como ocurre en el caso de la trata de personas”.

Se ha publicado recientemente, hace apenas unos días, la memoria anual del Fiscal Coordinador de la Sala de Extranjería, la cual recoge datos preocupantes sobre la trata de personas con fines de explotación sexual. Específicamente, se afirma que muy pocas víctimas denuncian y que incluso cuando denuncian es frecuente que den marcha atrás y se retracten. La memoria apunta a los métodos de dominación utilizados por los tratantes, a su capacidad de intimidación como los causantes del reducido número de denuncias, por lo que recomienda tanto una reforma sustancial de la Ley Orgánica 19/94, de 23 de diciembre, de Protección a Testigos y Peritos en Causas Criminales como una estrategia previa al proceso basada en una investigación proactiva de delito.

Pero, ¿es esto suficiente? ¿qué podemos esperar de una regulación parcial, que no cumple con la normativa supranacional y que pone el acento, en última instancia, en cuestiones de seguridad y migración por encima de los derechos humanos? ¿No sería más adecuado que esos cambios propuestos por la Fiscalía, se produjeran bajo el paraguas de una ley integral que estuviese acompañada de políticas públicas que abordasen las distintas formas de trata? En fin, queda mucho por hacer. Mientras tanto, seguimos esperando a que se trasponga la directiva europea (quién sabe, quizás antes de que termine la legislatura).

Elena Laporta coordina el Curso online: La trata de personas: una visión jurídico-política cuya inscripción está abierta.

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