Guantánamo: la hora de la justicia

FVMPHOTO_043BBaltasar Garzón. Presidente de FIBGAR

Estados Unidos, hoy, tiene más de dos millones de reclusos. Entre ellos no se contabilizan los 137 que quedan en la prisión de Guantánamo, como ninguno de los que les antecedieron en la misma. Seguramente aquellos presos oficiales no sufrirán las técnicas de tortura que han padecido los denominados enemigos encerrados en una isla de impunidad bajo el Programa de Rendición, Detención e Interrogatorio, creado por George W. Bush, el 17 de septiembre del 2001 y que permitió a la CIA desarrollar métodos como el waterboarding (ahogamiento simulado), walling (golpear contra el muro), humillaciones y violencia sexual, golpes, amenazas de muerte, privación de sueño, “hidratación y alimentación rectal”, entre otras, en forma sistemática, hasta el cierre de ese siniestro programa en el 2009 por orden del presidente Obama, quien, sin embargo, no exigió al fiscal general que abriera ninguna investigación pero sí pidió “comprensión” para los torturadores.

El informe del Senado hecho público el 9 de diciembre del 2014 constituye la escenificación de la barbarie de un sistema que perdió toda referencia humanitaria y que olvidó el Estado de derecho en las cloacas de los centros de detención clandestinos, prisiones secretas y en cada golpe o humillación sobre personas desvalidas, privadas de los más elementales derechos. La justificación de la necesidad de aplicar estos métodos para combatir el terrorismo, además de constituir una aberración jurídica, es falsa y soporta un engaño de más de doce años, compartido por muchos gobiernos y sistemas judiciales que han permanecido en un ominoso silencio. La vergüenza se extiende a todos aquellos países cuyos dirigentes han consentido y siguen consintiendo las ilícitas acciones de las agencias norteamericanas y de quienes les ayudan o soportan.

El informe de la Comisión del Senado de EE.UU. confirma la inutilidad de las acciones criminales de la CIA en Guantánamo para obtener información de los torturados y cómo tuvieron que emitir falsas declaraciones, tales como falsos complots terroristas para justificar la continuación de un programa de verdaderos crímenes de lesa humanidad, auspiciado y ordenado por los más altos responsables de la CIA y la Administración norteamericana de la época. Se ha torturado en forma sistemática como método para combatir el terrorismo, como política de Estado y con el ánimo de instaurar una forma de coacción permanente contra sectores completos de población. El horror manifestado por aquellos ante las macabras imágenes en las que el Estado Islámico degüella a inocentes se contradice palmariamente con la aceptación de la tortura sistemática en el centro de detención de Guantánamo.

Es la hora de la justicia. El sistema judicial nacional norteamericano, y en su defecto el internacional (Corte Penal Internacional) en los casos en los que sea posible y a través del mecanismo de la Jurisdicción Universal, deben responder sin más dilación. Las denuncias de lo que pasaba en Guantánamo, la violencia ejercida por un Estado con unas pseudoleyes creadas a la medida, sin derechos humanos, abogados ni jueces, sin opinión pública ni cámaras o prensa, no han sido suficientes. Sólo los torturadores y los torturados. Sólo el vaquero justiciero devenido en sádico vengativo y unas figuras desnudas y encapuchadas a quienes se ha despojado de todo atisbo de humanidad, acosadas por perros y soldados sonrientes. No puede aceptarse frente a esta realidad la comprensión como respuesta o la calificación por los perpetradores de patriotas a los ejecutores de esa política criminal.

En el 2009 inicié la apertura de una causa judicial para investigar a los responsables de las torturas contra los presos de Guantánamo; a esta iniciativa se sumaron varias denuncias y querellas. El relato de las víctimas aún 434119_12876601me sobrecoge. Como es natural, las autoridades norteamericanas nunca colaboraron sino para impedir la investigación con la colaboración inestimable de algunos funcionarios españoles, según se desveló en el 2010 por Wikileaks. No se me olvidan aquellos cables de la embajada de Estados Unidos en Madrid que hablaban de “torcer el brazo a Garzón” o “sospechamos que Garzón va a conseguir toda la publicidad para el caso a no ser que se le obligue a abandonarlo”. Probablemente esa publicación salvó el caso e hizo que los magistrados de la Audiencia Nacional confirmaran la competencia y ordenaran la continuación de la investigación.

Ahora, con el informe del Senado, la Jurisdicción Universal puede y debe recuperar su protagonismo para lavar la imagen de una injusticia planetaria, eliminar argumentos a los terroristas para justificar sus acciones, como aconteciera con los GAL en España, y hacer que las víctimas sean reparadas, sin que importen las acusaciones que sobre ellos pesen, que, en todo caso, hoy serían insostenibles precisamente por las torturas sufridas. La interpretación del principio “el fin justifica los medios” que ha hecho George W. Bush y todos los que los apoyaron y apoyan haría resucitar de su tumba al propio Maquiavelo, para despreciarlos.

Este artículo se publicó en La Vanguardia el 19 de diciembre de 2014

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